¿Quién ataca a la autonomía?
José Javaloyes
Contra lo manifestado por Juan José Ibarreche, engolfado en el juego de farol por la línea roja del ordenamiento constitucional, el ataque a la Autonomía vasca no se sitúa en el recurso del Gobierno y del Partido Popular contra el eufeminismo autodeterminista de la “Ley de Consulta” aprobada por el Parlamento de Vitoria. El genuino ataque a esa autonomía no es otro que tal ley, porque viola los límites de la legalidad —estatutaria y constitucional— que sostiene esa misma Autonomía. Por la misma razón, lo que deja en el aire las instituciones vascas es la condición obviamente ilegal de la iniciativa del lehendakari, puesto que plantea potencialmente la posibilidad de que necesariamente fuera suspendida la propia Autonomía.
A nadie escapa que la persistencia en el empeño de hacer un referéndum, opción que sólo es concebible constitucionalmente desde el Estado, deriva de la neurosis nacionalista de encontrar un camino que modifique la unidad soberana del pueblo español, al que pertenecen todos nuestros conciudadanos de la Comunidad Autónoma Vasca, incluidos los que se sienten herederos del dislate político de Sabino Arana Goiri. Dislate y despropósito en que se amalgamaban el racismo de Gobineau y el integrismo clerical del postcarlismo.
El dictamen previo del Consejo de Estado sobre el fondo del recurso coincidente presentado por el Gobierno y el principal partido de la Oposición, consolida vigorosamente la presunción de que la normativa regional recurrida no sólo sucumbirá en el trámite, sino que el fallo del Tribunal Constitucional vendrá a sentar el criterio de que las Autonomías y sus correspondientes Estatutos se corresponden con la línea de llegada en la transformación autonomista del Estado. Línea de llegada y no punto de partida hacia otros modelos de configuración territorial del Estado y de la nación española. Nunca al confederal y menos aun a la secesión política.
En este sentido, merece ser considerada la posibilidad de que el tenor del fallo del Tribunal Constitucional sobre los convergentes recursos —que el Partido Popular ha pedido en el suyo que se resuelva antes de dos meses—, apunte y anticipe el criterio que orientará la resolución que se adopte en los presentados en el mismo Tribunal sobre el Estatuto de Cataluña. La hipótesis de que ello sea así se apoya en ese idéntico principio constitucional de que el derecho soberano a decidir en estas cuestiones como ésta tiene como sujeto al pueblo español, y no a las partes en particular de los territorios sobre los que el pueblo español se asienta.
Probablemente, de no haber sido por los errores cometidos por el Gobierno del presidente Rodríguez en su política estatutaria, no nos encontraríamos ahora en una situación como la actual en la Comunidad Autónoma Vasca. El espejismo de que se pudiera llegar a la desaparición de ETA por vía de la negociación política sin mayores cuidados, con sólo ofrecer principios de cambio que ahora se le niegan a Ibarreche y los suyos, es la causa objetiva del actual problema en el que se pide que el Tribunal Constitucional resuelva. Un clásico lamentaría algo más que la falta de sindéresis en el Gobierno revalidado el 9 de Marzo.
Pero en aras de la unidad nacional y del sentido del Estado, hay que felicitarse que el principal partido de la Oposición haya hecho causa común con el Gobierno, al doblar con su propio recurso la iniciativa de éste. En tiempos de tribulación sí conviene a veces hacer mudanza. A crisis económica tan ancha como la que ha llegado no se debe sumar desacuerdo político como el de ayer mismo, especialmente en las grandes cuestiones nacionales. |
