Telarañas

Natalio R. Botana

El Gobierno, por cierto, no ha callado. Habla en rigor constantemente, adopta decisiones, como la cancelación de la deuda del Club de París, y atrasa otras, como la regularización del Indec. De este modo, una atmósfera distinta rodea al Poder Ejecutivo, en parte porque el Congreso ha vuelto ha ejercer sus funciones, y en parte porque, una vez contenidas las intenciones hegemónicas, no acertamos acerca del camino a seguir. Por eso, en el marco de un Estado asténico (sin fuerza), nos movemos entre rebeliones.

Al igual que en otros momentos de nuestro pasado, los gobernantes mostraron una capacidad considerable para concentrar las decisiones en el PE y escasa para trasladar esa energía a las instituciones del Estado. Todas ellas, desde las policías hasta los jueces, desde las autoridades de Aduana hasta los oficiales de inmigración, deberían estar dotadas, como corresponde, de la legítima autoridad para controlar y sancionar.

Estas contradicciones están ahora a flor de piel. Durante períodos más o menos prolongados, asistimos a la empresa de montar principados sobre los cimientos de las llamadas leyes de emergencia (y de los superpoderes que ellas involucran). En el fondo, se trata de la antigua trama, expuesta por Maquiavelo, de levantar, sobre los escombros de la discordia, la silueta de un "príncipe nuevo". Hoy diríamos nuevos liderazgos para momentos de crisis.

Convengamos pues, en que nuestro problema es más vasto que el que encarnaron los gobiernos a partir de 2003. Después de tantas experiencias fallidas deberíamos tener presente, al menos, que este problema no se resuelve merced al ascenso de una persona, por más exitosa que ella sea en el corto plazo. La cuestión debería zanjarse, en cambio, mediante la reorientación de esos liderazgos hacia los objetivos de la consolidación de los partidos políticos y de la estructura del Estado.

Cuando ello no acontece -o las cosas se estancan a mitad de camino- las dificultades en la economía y en el terreno fiscal actúan como disparadores y abren campo a la rebelión y al descontento: a unas furias poco atentas al arte de la mediación política, con raíces en la sociedad, desde los dirigentes rurales hasta los de los sindicatos y movimientos sociales. Obviamente, se pueden cometer gruesos errores al tratar estos conflictos, pero el argumento y el escenario se repiten con insistencia. Unos gobernantes otrora poderosos, en rápida caída en cuanto a su imagen de popularidad, que afrontan un inesperado malhumor colectivo.

A ello se suman los asuntos pendientes, la telaraña de los intereses externos afectados por el default , la falta de financiamiento en los mercados internacionales, la inflación y el engaño deliberado mediante la manipulación de los índices estadísticos. Si se consideró que para edificar hegemonía sobre el éxito inmediato el método más aconsejable era el de la postergación, el riesgo del fracaso está mostrando sus dientes. La demora ya no paga como antes.

En semejante cuadro, los resentimientos acumulados por estilos de confrontación a menudo gratuitos, buscan revancha sin atender tampoco a las consecuencias de sus actos. Como hemos dicho hace unas semanas, estos son los duelos de la irresponsabilidad infectados de maniqueísmo. Damos vueltas de este modo en torno de equívocos y malentendidos. Se pretende la hegemonía y no se la consigue, mientras los rebeldes son, por ahora, más aptos para movilizar coaliciones negativas que para elaborar alternativas positivas. Para colmo, las malformaciones del Estado hacen que por esas hendiduras se cuelen nuevas dosis de violencia.

Nadie podrá afirmar con certeza que la Argentina integra el pelotón de países como Colombia y México, penetrados por el narcotráfico (con notables reacciones en relación con este combate). Es cierto, pero, de no actuar a tiempo, podemos enterrarnos en ese pantano. Por tanto, es vital la reconstrucción del Estado. El Estado asténico declina por déficit de sanción. Los estados autoritarios descienden hacia el despotismo por exceso de sanción. Ni uno ni otro: hay que acertar en el objetivo de armar un Estado de Derecho con efectiva supremacía de la ley. Esta es la única hegemonía que importa.

Dos ejemplos en esta línea de reflexión. Debido a la desidia, o a la corrupción, hemos llegado al punto de practicar una política de cielos abiertos para la ilegalidad y de rutas bloqueadas para impedir un buen desarrollo del régimen ordinario del tráfico aéreo. Mala combinación: las redes del narcotráfico que se amparan en la debilidad de los controles, codo a codo con concepciones cuasi monopólicas con respecto a la aviación comercial.

El segundo ejemplo es de carácter territorial. ¿Puede acaso un Estado en forma sustraer del control legal a porciones de su territorio, como de hecho acontece en el puente internacional que une Gualeguaychú con Fray Bentos? La respuesta genera graves inquietudes porque -es una lección de la historia- cuando el Estado se retira se constituyen pequeñas soberanías de hecho que, en este caso, impiden coactivamente el tránsito, emiten permisos de circulación y desconocen decisiones judiciales.

La cuestión del Estado tendrá que constituir el marco de referencia de los futuros liderazgos, dentro y fuera del Gobierno. Estos no deberían agotarse en la tarea que impone concentrar un poder de ocasión en pequeños grupos de gobernantes. Deberían, más bien, trascender su cometido mediante la instauración de una autoridad que englobe a todos los partidos y proteja a todos los ciudadanos. El Estado es un patrimonio común; no es una propiedad particular.

Si se lo concibe de este modo, como mero instrumento de grupo, el Estado vegeta entre normas anómicas y no proporciona a la sociedad reglas estables de convivencia. Esta es otra telaraña: la de los variados actos de desobediencia que provocan muerte y mutilación. A los crímenes dolosos más graves se añaden lo crímenes culposos de los accidentes de tránsito, en los cuales la estupidez y la deficiente inversión en la infraestructura de caminos cosechan a diario su cuota de sangre.

Se podría aducir que una sociedad capaz de condenar una parte de su pasado criminal adquiere conciencia de sí misma. Pero una sociedad incapaz de sancionar los actos criminales del presente puede dilapidar aquel necesario reconocimiento. Doble reconocimiento entonces, hacia el pasado y hacia el presente. Este último a veces brilla por su ausencia porque las carencias de "estatalidad" de que hablamos hace un instante se manifiestan en todo momento y, desde luego, perturban la credibilidad colectiva en la política democrática.

Tal vez esos trastornos se deban a que no enfocamos con la suficiente atención los dos arbotantes que sostienen la democracia: el buen gobierno republicano y la consistencia del Estado con su capacidad fiscal y su poder de control. No es fácil construir un Estado cuando desperdiciamos un tiempo precioso para encarar esa impostergable tarea. Pero nunca es tarde para forjar liderazgos de reconstrucción.